Las autoridades municipales, regionales y nacionales, así como los integrantes de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, Sundecop, ni los prefectos de las diferentes  parroquias del estado Táchira han logrado controlar los abusos de muchos vendedores legalmente establecidos y otros en puestos ambulantes, que están vendiendo un kilogramo de arroz blanco en hasta 600 bolívares, publica La Nación.

El inicio de clases se ha convertido en una pesadilla para los padres en la búsqueda del dinero para pagar las matrículas, adquirir los útiles y uniformes escolares. “Me vi obligada a solicitar un adelanto de mis prestaciones sociales. Tengo tres hijos que están en primaria y entre zapatos, textos, cuadernos, colores y otras cosas que me pedían, mi ingreso y el de mi esposo no alcanzaba”, contó una empleada pública que pidió no mencionar su nombre.

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